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Carta Paramétrica
¿Ciudadanos contra sindicatos?

Las leyes secundarias de la reforma educativa seguirán a debate. Dependerán en buena medida de las presiones políticas que se observan en las calles, los bloqueos en el Congreso o de las propias decisiones del mismo. Sobre este proceso político es difícil dar un diagnóstico del resultado final.

Sobre lo que se puede hacer un diagnóstico más claro es qué piensa la opinión pública de la situación de la educación del país. El problema parece ser que desde hace muchos años el ciudadano promedio parece que no tiene claro de que se trata la reforma educativa.

Por los números que registramos en Parametría, los ciudadanos estarían en contra de la reforma educativa implementada por el ex presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, una vez que se evalúan sus logros y sus definiciones parece que habría más gente a favor.

La evidencia nos indica que el término “reforma educativa” tiene un estigma, con una carga negativa por su concepto, pero no necesariamente por sus acciones. Un considerable número de ciudadanos ven avances en temas como la evaluación de los maestros, el número de escuelas de tiempo completo, la preparación de los maestros o la calidad de su educación. Las cuotas escolares siguen siendo un rubro donde la ciudadanía considera que no se avanza.

Aún con esta percepción de avance en la educación, el ciudadano promedio considera que la llamada “reforma educativa” debe cancelarse o mejorarse en lo genérico. En conceptos como hacer exámenes para que se le evalué o que las plazas de trabajo sean controladas por el gobierno hay un amplio consenso. Pero para el ciudadano promedio parece ser que esto no es parte de la llamada “reforma educativa”.

Los ciudadanos consideran que el interés de los sindicatos o incluso de los maestros es más político que gremial, pero aún con ello consideran que la reforma educativa se tiene que cuestionar. Tal vez un tema límite, porque es un tema de recursos y de puestos laborales, es el de las plazas de trabajo para los maestros.

Si el tema límite de esta reforma es quién debe controlar las plazas de los maestros, este es el tema de la reforma educativa. Ante tal cuestionamiento los ciudadanos no tienen duda. El gobierno debe ser el responsable y autorizar esos puestos de trabajo, no el o los sindicatos. Este es un ejemplo claro de cómo los ciudadanos confían más en el gobierno que en los sindicatos a nivel agregado.

El desenlace final de cómo termina la ley reglamentaria de la reforma educativa está por verse. Lo cierto es que la ciudadanía quiere calidad en su educación, evaluación de maestros, plazas controladas por el gobierno, antes de reivindicaciones o derechos sociales de los docentes.

Con estos números se podría decir que el Congreso tiene un mandato ciudadano. Si su decisión final es contraria a la ciudadanía y decide que las plazas de los profesores sean controladas por el sindicato, eventualmente habrá una oposición ciudadana.

La ciudadanía o la opinión pública parecen saber qué quiere, pero ello no necesariamente coincide con lo que se decide en los Poderes de la Unión, hoy la Cámara de Diputados. La teoría democrática sugiere que esto eventualmente tendría que coincidir con lo que piensan los mexicanos.

Hoy día la ciudadanía no tiene buena opinión de los sindicatos, incluido el de los maestros. En principio vamos a una vida sindical más abierta o democrática. Estamos en el inicio de una nueva era, la democratización sindical.

Este proceso haría más compatible lo que quieren los ciudadanos y lo que piensan los sindicatos. Hoy parecen muy alejados, pero con el proceso de democratización deberían empezar a coincidir. 

Nota metodológica: Encuesta Parametría. Representatividad: nacional. Número de entrevistas: 800 encuestas realizadas cara a cara del 27 de abril al 1 de mayo de 2019. Nivel de confianza estadística: 95%. Margen de error: (+/-) 3.5%. Diseño, muestreo, operativo de campo y análisis: Parametría SA de CV. Método de muestreo: aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: las secciones electorales reportadas por el INE. Población objetivo: personas de 18 años en adelante con credencial para votar que al momento de la entrevista residan en el lugar de interés.

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