Las encuestas electorales han cobrado una notable relevancia en los recientes
procesos electorales federales en México. El incremento en el número de
ejercicios insustituibles y es inimaginable que los procesos electorales mexicanos
preocupación por regular estos ejercicios demoscópicos, lo cual se ha traducido
en el perfeccionamiento de las normas, tanto a nivel constitucional y legal, como
internacionalmente aceptados en la materia, con el fin de establecer el contexto
de exigencia que reclama el tema.
Actualmente, la parte medular de la regulación sobre la publicación de encuestas
electorales, reside en la emisión de los criterios generales de carácter científico y
publicadas. La novedad y quizá el mayor reto de implementación de la reforma
constitucional y legal en materia de regulación de encuestas electorales, es su
alcance, pues se convierte en una atribución no sólo del INE para regular las
en el que el INE, así como los Organismo Públicos Locales Electorales (OPLE),
publicadas, y ofrecer así los elementos necesarios para que se pueda valorar la
calidad de las encuestas, y en consecuencia, contribuir a la construcción del voto
razonado y de una opinión pública mejor informada.
Las encuestas electorales han cobrado una notable relevancia en los recientes
procesos electorales federales en México. El incremento en el número de
estudios realizados y publicados para dar a conocer preferencias electorales
indica que las encuestas son uno de los elementos que más influyen en la
deliberación y conversación pública en torno a las campañas, por ello, son
ejercicios insustituibles y es inimaginable que los procesos electorales mexicanos
carezcan de su información.
Aunado al auge de los estudios de opinión pública electoral ha crecido la
preocupación por regular estos ejercicios demoscópicos, lo cual se ha traducido
en el perfeccionamiento de las normas, tanto a nivel constitucional y legal, como
en términos del Acuerdo que emite la autoridad electoral nacional
(INE/CG220/2014), el cual ha sido enriquecido para contar con una regulación
más clara, completa y rigurosa, acorde a los lineamientos y códigos de ética
internacionalmente aceptados en la materia, con el fin de establecer el contexto
de exigencia que reclama el tema.
Actualmente, la parte medular de la regulación sobre la publicación de encuestas
electorales, reside en la emisión de los criterios generales de carácter científico y
en la entrega de los estudios completos que sustentan las encuestas que son
publicadas. La novedad y quizá el mayor reto de implementación de la reforma
constitucional y legal en materia de regulación de encuestas electorales, es su
alcance, pues se convierte en una atribución no sólo del INE para regular las
encuestas sobre elecciones federales, sino también de los Organismo Públicos
Locales Electorales (OPLE), que ahora deben ejercer facultades en la materia
para regular encuestas sobre elecciones locales.
El modelo de regulación se basa centralmente en un régimen de transparencia,
en el que el INE, así como los Organismo Públicos Locales Electorales (OPLE),
deben difundir los estudios que respaldan los resultados de las encuestas
publicadas, y ofrecer así los elementos necesarios para que se pueda valorar la
calidad de las encuestas, y en consecuencia, contribuir a la construcción del voto
razonado y de una opinión pública mejor informada.
Las encuestas electoralesLasLas encuestas electorales han cobrado una notable relevancia en los recientes
procesos electorales federales en México. El incremento en el número de estudios realizados y publicados para dar a conocer preferencias electorales indica que las encuestas son uno de los elementos que más influyen en la deliberación y conversación pública en torno a las campañas, por ello, son ejercicios insustituibles y es inimaginable que los procesos electorales mexicanos.
carezcan de su información. encuestas electorales han cobrado una notable relevancia en los recientes
procesos electorales federales en México. El incremento en el número de
estudios realizados y publicados para dar a conocer preferencias electorales
indica que las encuestas son uno de los elementos que más influyen en la
deliberación y conversación pública en torno a las campañas, por ello, son
ejercicios insustituibles y es inimaginable que los procesos electorales mexicanos
carezcan de su información. han cobrado una notable relevancia en los recientes
procesos electorales federales en México. El incremento en el número de
estudios realizados y publicados para dar a conocer preferencias electorales
indica que las encuestas son uno de los elementos que más influyen en la
deliberación y conversación pública en torno a las campañas, por ello, son
ejercicios insustituibles y es inimaginable que los procesos electorales mexicanos
carezcan de su información.
Aunado al auge de los estudios de opinión pública electoral ha crecido la
preocupación por regular estos ejercicios demoscópicos, lo cual se ha traducido
en el perfeccionamiento de las normas, tanto a nivel constitucional y legal, como
en términos del Acuerdo que emite la autoridad electoral nacional
(INE/CG220/2014), el cual ha sido enriquecido para contar con una regulación
más clara, completa y rigurosa, acorde a los lineamientos y códigos de ética
internacionalmente aceptados en la materia, con el fin de establecer el contexto
de exigencia que reclama el tema.
Actualmente, la parte medular de la regulación sobre la publicación de encuestas
electorales, reside en la emisión de los criterios generales de carácter científico y
en la entrega de los estudios completos que sustentan las encuestas que son
publicadas. La novedad y quizá el mayor reto de implementación de la reforma
constitucional y legal en materia de regulación de encuestas electorales, es su
alcance, pues se convierte en una atribución no sólo del INE para regular las
encuestas sobre elecciones federales, sino también de los Organismo Públicos
Locales Electorales (OPLE), que ahora deben ejercer facultades en la materia
para regular encuestas sobre elecciones locales.
El modelo de regulación se basa centralmente en un régimen de transparencia,
en el que el INE, así como los Organismo Públicos Locales Electorales (OPLE),
deben difundir los estudios que respaldan los resultados de las encuestas
publicadas, y ofrecer así los elementos necesarios para que se pueda valorar la
calidad de las encuestas, y en consecuencia, contribuir a la construcción del voto
razonado y de una opinión pública mejor informad
