PARAMETRIA

La igualdad de género es una aspiración de todas las sociedades o gobiernos liberales. De hecho, comparten el mismo diagnóstico sobre el tema: existen condiciones de desigualdad en distintos ámbitos de la vida pública y privada que llevan a esta situación. Ello implica tener políticas de equidad a favor de las mujeres para compensar estas carencias. Por ello es imperativo mejorar sus condiciones e implementar acciones que lleven a este objetivo o aspiración.

Un mecanismo por el que se ha intentado mejorar las condiciones sociales de las mujeres es através de su representación en el gobierno. Por ello se ha convertido en un indicador importante el porcentaje que representan las mujeres en distintos poderes o niveles de gobierno. Uno de los más frecuentes es el porcentaje de curules que tienen en el Poder Legislativo.

A escala latinoamericana, México es el tercer país en la región con mayor proporción de mujeres en el parlamento (42%), según datos de la Cepal. En primer lugar está Bolivia, donde más de la mitad de su Congreso está constituido por mujeres (53%), y luego Cuba con 49%. Haití es el único país sin ninguna representación femenina en su parlamento. Según la Corte Interamericana de Mujeres, en la actualidad 13 países de América Latina cuentan con legislación que exige cuotas de género en los congresos nacionales, la más longeva es la de Argentina, aprobada desde 1991.

A escala mundial, la representatividad de las mujeres en ambas cámaras del parlamento varía según la región. América lidera la representación femenina (28.1%), seguida dos puntos más abajo por Europa, con 26.3% de mujeres en dichos espacios de deliberación. Los países integrantes de la zona del Pacífico (Oceanía) son los que poseen menos representación de mujeres en ambas cámaras (17.4%).

La representatividad de las mujeres en el parlamento ha tenido un alza desde 1997 a escala internacional. Datos del Banco Mundial muestran que, partir de ese año, la tasa de mujeres en los congresos ha ido en aumento, alcanzando para 2016 23% de representación. En diez años esta proporción ha aumentado 12 puntos.

La pregunta más difícil de resolver es si la representatividad política lleva de manera eficaz a mejores condiciones para las mujeres. O si es posible probar que mayor representatividad lleva a mejores políticas públicas en beneficio de la mujer. Hoy sería difícil decir que las mujeres en Bolivia tienen mejores condiciones para vivir que en Cuba, por poner un comparativo regional, o que en América Latina las mujeres viven mejor que en la mayor parte de las naciones de Europa, en un comparativo mundial.

Otra forma de evaluar la representatividad de las mujeres en la toma de decisiones del gobierno es en el Poder Ejecutivo. Cuántas primeras ministras o presidentas han accedido a este cargo. Un estudio publicado en marzo de este año por el Pew Research Center muestra que actualmente 15 países del mundo están gobernados por mujeres, ya sea como presidenta o primera ministra. En ocho de esos países la mujer es la máxima autoridad con el cargo de presidenta y canciller (Alemania). En total, 57 países del mundo han sido gobernados por una mujer. Se observa que Estados Unidos, México, el norte de África y la zona euroasiática son regiones que nunca han sido gobernadas por una mujer.

Este indicador pasa a ser cuestionado porque algunos países donde ha habido una primera ministra o una presidenta hoy no tienen necesariamente las mejores condiciones de vida para las mujeres. Probablemente uno de los casos más emblemáticos es el de Pakistán. Benazir Bhutto, una de las primeras primeras ministras en el mundo, y la primera en un país musulmán, no solo fue asesinada, sino que su país está entre las peores naciones para vivir en el planeta para una mujer. La pregunta, nuevamente al igual que en la representatividad en el Legislativo, es si tener representatividad en el Ejecutivo cambia las condiciones sociales para una mujer en la sociedad.

En nuestro país solo hemos tenido gobernadoras y candidatas a presidente. No hemos tenido una presidenta todavía. Hoy tenemos una gobernadora en Sonora, Claudia Pavlovich. En conjunto solo hemos tenido siete mandatarias en la historia del país (Griselda Álvarez, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, Rosario Robles, Amalia García, Ivonne Ortega y Pavlovich). ¿Podríamos decir hoy que los estados en los que gobernaron tienen mejores condiciones para las mujeres? Pregunta difícil de resolver.

En lo que se refiere al comportamiento electoral, más allá de la representación, en México no tenemos lo que se conoce en el análisis electoral como una brecha de género (gender gap). Es decir, las mujeres no necesariamente votan por mujeres. De hecho, con mayor frecuencia es más bien a la inversa: las mujeres suelen votar por hombres. La forma de explicar su comportamiento es que son adversas al riesgo y para ellas una mujer candidata en general representa más riesgo, por eso votan por hombres.

En las elecciones presidenciales de 2012 se presentó una candidata mujer, Josefina Vázquez Mota (PAN). Según la encuesta de salida de Parametría hubo más mujeres que votaron por ella, con una diferencia de 5 puntos con relación al voto masculino promedio. El candidato del PRD, AMLO, recibió más voto masculino, con una diferencia de 7 puntos. El ganador de las elecciones, Enrique Peña Nieto, obtuvo más voto femenino, con una pequeña diferencia de 2 puntos. Es decir, no hubo una brecha de género clara.

La evidencia muestra que la representatividad no es suficiente para cambiar prácticas sociales. Tener mujeres en el Ejecutivo o más representantes mujeres en el Congreso no necesariamente cambia los valores sociales. Es una pregunta académica, pero que tiene aplicaciones prácticas: ¿qué es más importante: cambiar las instituciones a través de la representación de género o cambiar las prácticas sociales en nuestras relaciones de género? A juzgar por la experiencia parece más importante lo segundo que lo primero. Las prácticas sociales imperan sobre la normatividad o la representatividad.