En un reporte publicado por el Pew Research en agosto pasado se describen cambios en la migración ilegal en Estados Unidos (“U:S: Unauthorized Immigrant Population Reached a Record 14 Million in 2023”). Estos cambios sin duda tendrán repercusiones para nuestro país. Los alcances van de posibles cambios en políticas públicas, temas de seguridad, programas sociales e incluso implicaciones político-electorales, en ambos lados de la frontera.
Un primer hallazgo relevante es que México sigue siendo el país de origen de la mayor parte de inmigrantes no autorizados, pero su peso relativo es el más bajo de la historia. El informe indica que en 2023 había 4.3 millones de mexicanos sin estatus legal pleno en Estados Unidos, lo que representa solo el 30% del total, la proporción más baja registrada. En 2007 llegó a haber casi 7 millones de connacionales migrantes indocumentados.
México ya no domina la migración indocumentada como antes, lo que puede reducir presiones diplomáticas y mediáticas centradas exclusivamente en migrantes mexicanos. Sin embargo, la cifra sigue siendo alta, por lo que millones de familias mexicanas en el vecino del norte siguen expuestas a cambios de política, especialmente con el aumento de deportaciones desde 2025. Es decir, es muy probable que sigamos siendo “la piñata” de Trump, pero seremos una piñata más pequeña.

El informe señala que para 2026 hay mayor probabilidad de deportaciones. Esto afecta de manera directa a mexicanos que entraron recientemente –el grupo que más creció entre 2021–2023– y familias mixtas con hijos ciudadanos estadounidenses. En 2023, 300,000 bebés nacieron en hogares con al menos un padre indocumentado, y 4.6 millones de niños ciudadanos viven con un padre sin estatus. Una de las implicaciones es el posible incremento de niños ciudadanos quedando al cuidado de familiares o en sistemas de protección si sus padres son deportados.
Es posible que también haya impacto en temas laborales. Los mexicanos y centroamericanos están sobrerrepresentados en: construcción (15% de la fuerza laboral es indocumentada), agricultura (14%), servicios (8%). Cualquier operación migratoria, redadas o restricciones laborales afectarán sectores donde los mexicanos son esenciales. Las empresas pueden enfrentar escasez de mano de obra si continúan las deportaciones.
Para México habrá un aumento potencial en retornos forzados. Con el descenso proyectado de la población indocumentada en 2025 debido a más deportaciones, México podría recibir cientos de miles de retornados con necesidades laborales, de salud y reintegración social. Esto podría presionar programas de bienestar en estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Guanajuato.

Estos cambios en políticas migratorias también afectan la percepción pública sobre los latinos en general. Aunque los inmigrantes recientes provienen crecientemente de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití y otros países, la población general sigue asociando “inmigración” con “latinos”. Por ello existe riesgo de una mayor estigmatización, incluso para hispanos ciudadanos o con residencia legal. Y los hispanos están conscientes de ello de acuerdo a otra medición reciente del Pew Research.
El informe documenta que 7.5 millones de hogares incluyen a alguien sin estatus legal. Cerca de 70% de esos hogares son de estatus mixto –ciudadanos e indocumentados–. Millones de hispanos, incluso ciudadanos, viven con temor a que la deportación afecte a un familiar cercano (52% de los hispanos). Aumenta la necesidad de servicios legales y apoyo comunitario.
Al ser los latinos una porción significativa de los trabajadores en sectores donde hay más indocumentados, si se intensifican verificaciones laborales, podría haber caída salarial, sustitución de trabajadores o precarización de condiciones. Los latinos ciudadanos y residentes pueden verse afectados por discriminación laboral basada en percepciones.

El informe muestra un crecimiento explosivo de migrantes de: Venezuela (de 195,000 en 2021 a 650,000 en 2023), Cuba, Nicaragua, Colombia, Haití, Perú, Ecuador. Por ello crecen las necesidades de integración para inmigrantes recientes con protecciones temporales vulnerables.
Para México es probable que haya mayor presión bilateral por gestión fronteriza, más negociaciones sobre deportaciones y programas laborales. Por ello, el tema migratorio será un punto clave en las elecciones en ambos países. Las políticas migratorias podrían influir en preferencias electorales, particularmente en Florida, Arizona, Nevada y Texas.
En conclusión, este informe muestra una transformación profunda del panorama migratorio. Los mexicanos son menos dominantes numéricamente, pero siguen muy expuestos a políticas de deportación. Los hispanos en general enfrentan riesgos de estigmatización, inseguridad económica e inestabilidad familiar. La política migratoria estadounidense tendrá efectos directos en millones de hogares latinos en la próxima década.

En la siguiente entrega revisaré los posibles cambios político-electorales para la elección intermedia de 2026 en Estados Unidos, como consecuencia de estos cambios en política migratoria.