Artículo de Francisco Abundis publicado en Milenio
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El pasado domingo, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo su mayor logro en materia de lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el costo en términos de la violencia generada en más de la mitad de los estados del país (20) o el número de bajas de las fuerzas de seguridad del Estado (25 efectivos) nos recuerdan una disyuntiva en la que vivimos desde hace mucho tiempo.
A lo largo de las últimas décadas, el país ha experimentado distintas estrategias para enfrentar al crimen organizado, desde acciones de confrontación directa hasta políticas que priorizan la reducción de la violencia. En este contexto, la ciudadanía se enfrenta a discusiones complejas que reflejan tensiones entre seguridad, derechos humanos, estabilidad social y confianza institucional.
Uno de los dilemas centrales consiste en decidir qué es preferible: combatir frontalmente al narcotráfico aun cuando ello implique un aumento en la violencia (como pasó el domingo pasado), o tolerar ciertos niveles de presencia del crimen organizado si con ello se reduce la confrontación armada y sus efectos inmediatos. Este debate no es meramente teórico; se traduce en percepciones cotidianas sobre la seguridad, el miedo y la calidad de vida. Para muchas personas, la experiencia directa o indirecta de la violencia influye en su postura. Quienes han sido afectados por enfrentamientos, desapariciones o extorsiones suelen demandar acciones más contundentes. Otros, cansados de la inseguridad persistente, prefieren una estrategia que disminuya los enfrentamientos visibles, aunque no erradique completamente el problema. Parametría empezó a medir este enigma hace casi 20 años.
En la mayor parte de este periodo, la ciudadanía ha preferido “que no haya violencia, aunque exista algo de narcotráfico”. Sin embargo, es muy probable que ello se deba a que ese ciudadano no ha conocido otro ambiente u otra realidad más que la que nos ha ofrecido nuestro país por casi un cuarto de siglo, donde la presencia de los cárteles o el narcotráfico es un hecho inevitable.
La evaluación de los resultados gubernamentales es otro tema de debate. La opinión pública tiende a dividirse entre quienes consideran que las estrategias implementadas necesitan más tiempo para rendir frutos y quienes creen que ya han fracasado. Esta diferencia revela una tensión entre la paciencia y la urgencia. La lucha contra el narcotráfico es percibida como un problema estructural que no puede resolverse de inmediato; sin embargo, la ciudadanía exige resultados concretos en el corto plazo. La percepción de eficacia no depende únicamente de estadísticas oficiales, sino también de narrativas mediáticas, experiencias locales y confianza en las autoridades.
Parece muy razonable que la mayor parte de la ciudadanía considere que la hoy presidenta necesita más tiempo para ser evaluada. En esta serie, lo sorprendente es que al presidente López Obrador siempre se le dio el beneficio de la duda. Desde el inicio hasta el final de su administración. Es decir, aun al final de su administración, siempre se consideró que necesitaba más tiempo.
Existe una discusión en torno a la continuidad o modificación de las políticas públicas. Una parte de la población considera que es necesario ajustar la estrategia para enfrentar mejor al crimen organizado, mientras otra opta por mantener el rumbo actual con la expectativa de que los cambios profundos requieren estabilidad. Esta discusión está atravesada por la polarización política, lo que complica la construcción de consensos amplios. Las opiniones sobre el narcotráfico no solo reflejan preocupaciones de seguridad, sino también posicionamientos ideológicos y lealtades partidistas.
La comparación entre distintos gobiernos también genera divisiones. Algunos ciudadanos evalúan positivamente estrategias anteriores, mientras otros consideran que ninguna administración ha logrado avances significativos. Esta percepción de continuidad en los problemas alimenta un sentimiento de escepticismo. Cuando una proporción importante de la población cree que “ninguna” estrategia ha funcionado mejor que otra, se fortalece la idea de que el problema rebasa las capacidades del Estado. Este escepticismo puede traducirse en apatía política o en demandas de soluciones más radicales.
Otro aspecto crucial es el impacto del narcotráfico en la economía y el tejido social. En ciertas regiones, la presencia del crimen organizado está entrelazada con dinámicas laborales y comunitarias. La opinión pública, en estos casos, enfrenta un dilema moral y práctico: rechazar categóricamente estas actividades o reconocer que, ante la falta de oportunidades, algunas comunidades dependen indirectamente de ellas. Esta realidad complejiza las posturas, pues el narcotráfico no solo se percibe como una amenaza violenta, sino también como un fenómeno socioeconómico, sobre todo en comunidades de bajos ingresos.
Además, la discusión pública está marcada por la tensión entre seguridad y derechos humanos. Las estrategias más agresivas suelen implicar mayor presencia militar y policial, lo que puede derivar en abusos o violaciones de derechos. Parte de la ciudadanía apoya medidas firmes en nombre del orden, mientras otra parte teme que se vulneren garantías fundamentales. Este dilema revela la dificultad de equilibrar eficacia y legalidad en contextos de alta criminalidad.
En suma, los dilemas de la opinión pública en México sobre el narcotráfico evidencian tensiones profundas entre combate y contención, continuidad y cambio, seguridad y derechos, esperanza y escepticismo. Es muy probable que lo sucedido el domingo pasado cambie las percepciones que hemos registrado hasta ahora. Sin embargo, por el tamaño del problema, es difícil que el público conceda que ya tenemos la estrategia correcta, aun con los resultados recientes.