Artículo de Francisco Abundis publicado en Milenio
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El 18 de agosto de 2026, en un tribunal de Oakland, California, comenzó el juicio abierto contra Meta. Los estados de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey encabezan una coalición. Alegan que Facebook e Instagram fueron diseñados para prolongar el uso juvenil, ocultaron riesgos y recopilaron ilegalmente datos de menores de 13 años. Meta niega las acusaciones y destaca sus herramientas de seguridad. Con este riesgo inminente para un padre de familia, la pregunta ya no es simplemente cuándo entregar un teléfono, sino qué obligaciones tienen plataformas, familias y estados para que el acceso sea gradual, verificable y seguro.
En marzo pasado, un jurado de Los Ángeles atribuyó responsabilidad a Meta y YouTube por daños sufridos por una joven y concedió seis millones de dólares; Meta apeló. Ese precedente se concentró en funciones como recomendaciones algorítmicas, desplazamiento infinito y notificaciones, no en contenido publicado por terceros.
La discusión comenzó hace tiempo, como un problema de tiempo de exposición a pantallas. La televisión y después las tabletas llevaron a pediatras y a familias a preguntar cuánto tiempo de pantalla era saludable. En 2019, la Organización Mundial de la Salud recomendó evitar las pantallas sedentarias en menores de un año y limitarlas a una hora diaria entre los dos y cuatro años.
Con la expansión del teléfono inteligente, el debate cambió. Ya no importaba solo la duración, sino qué datos se recogían y cómo funcionaban las plataformas. En Estados Unidos, se estableció protección especial para la información de menores de 13 años; esa frontera jurídica terminó convertida en la edad mínima habitual de muchas redes. En Europa, el Reglamento General de Protección de Datos permitió a cada país fijar la edad entre 13 y 16 años, la edad para consentir el tratamiento de datos. Francia avanzó después hacia el consentimiento parental para usuarios menores de 15 años.
La etapa más reciente cuestiona el diseño de las aplicaciones y su propósito. El Reino Unido exige controles y medidas contra contenidos dañinos mediante su Online Safety Act. La Unión Europea, bajo la Ley de Servicios Digitales, recomienda desactivar para menores funciones como reproducción automática, rachas y notificaciones que favorecen el uso excesivo. Australia fue aún más lejos: aprobó en 2024 una edad mínima de 16 años para redes, obligación exigible desde diciembre de 2025. Otros países debaten umbrales, aunque persisten dudas sobre privacidad, eficacia y exclusión digital.
La opinión pública mexicana coincide con la evolución internacional: la discusión dejó de limitarse al tiempo frente a una pantalla y ahora incorpora edad de acceso, diseño adictivo, salud, responsabilidades familiares y regulación escolar. La última medición de la Serie Nacional de Parametría muestra una percepción de riesgo considerable. El 50% afirma que las redes están hechas para generar adicción y otro 16% responde que sirven tanto para unir como para crear dependencia. Además, 44% considera que la adicción afecta más a los niños y 25% a los jóvenes.
El cambio de actitudes es evidente. Entre 2018 y 2026 aumentó de 61% a 77% el acuerdo con que las pantallas reducen el ejercicio infantil y de 63% a 73% la idea de que los padres prestan poca atención mientras sus hijos usan dispositivos. Paralelamente, cayó de 64% a 49% la percepción de que la tecnología beneficia a los niños. México, por tanto, converge con el giro observado en Europa, Australia y Estados Unidos: el problema ya no se atribuye únicamente al contenido, sino a prácticas de uso y aplicaciones que capturan atención.
Hay, sin embargo, una diferencia. La encuesta no respalda una exclusión digital total. La edad promedio aceptada para usar celular o tableta es 13 años, mientras que para entrar a redes sociales sube a 15. Esta separación reconoce que un dispositivo puede tener valor educativo o comunicativo sin justificar acceso irrestricto a plataformas. Asimismo, las prohibiciones escolares pierden apoyo conforme aumenta la edad: 70% las favorece en primarias, 69% en secundarias, 53% en preparatorias y solo 40% en universidades.
Las implicaciones legislativas apuntan a una regulación escalonada. México podría establecer consentimiento parental efectivo y verificación de edad para menores de 15 años; exigir límites a notificaciones, reproducción automática y prohibir publicidad basada en perfiles de menores. En educación, la evidencia de opinión favorece restricciones durante la jornada en primaria y secundaria.
La política pública debería complementar las reglas con alfabetización digital para estudiantes y familias, capacitación docente y protocolos de salud mental. También requeriría evaluación, protección estricta de los datos usados para verificar edad. La encuesta ofrece legitimidad política, no prueba causal; por ello, cualquier reforma debe medir bienestar, aprendizaje, seguridad y brechas digitales y ajustar sus medidas con evidencia.