Artículo de Francisco Abundis publicado en Milenio
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Siempre es preciso recordar que los juicios que hace la opinión pública pueden influir en una determinación judicial; por ello es fundamental mantener este actor en su justa dimensión. El caso del gobernador Rubén Rocha Moya sirve para ilustrar este fenómeno. Más allá de lo que opinen analistas, prensa o cualquier tipo de actor público, su caso debe ser sometido a un proceso judicial justo y objetivo.
El lugar donde se realice este juicio o se imparta justicia parece relevante en términos de opinión. La ciudadanía en nuestro país prefiere que se le juzgue en nuestro país (65%) y no en Estados Unidos (27%). Esta respuesta es interesante y difiere de diagnósticos anteriores, particularmente en ocasiones en que se ha capturado a narcotraficantes. Cuando se plantea la posibilidad de deportación de un narcotraficante, suele considerarse que se hará mejor justicia en nuestro vecino del norte.
Este no es el caso con Rocha Moya. La ciudadanía prefiere por mucho que se le juzgue en México. Una razón puede ser porque no está probado de lo que se le acusa, a diferencia de un narcotraficante ya buscado, o porque es un servidor público, un gobernador. Antes de ver resultados, la hipótesis era que el público preferiría que fuera juzgado por el país que lo acusa.
Los mexicanos ya juzgaron al gobernador de Sinaloa independientemente de dónde se le siga el proceso judicial. La mayor parte de la población considera que son ciertas las acusaciones (49%), aunque un porcentaje alto dice no saber (29%) o lo considera inocente (22%). A esto hay que sumar que quien conoce su nombre (36%), no tiene una buena opinión de él (67%).
Evidentemente, este “juicio de la opinión pública” está basado en la información con la que se cuenta. Es muy probable que la cobertura de la situación en el estado de Sinaloa, –de la que muchos lo consideran responsable–, hasta las peticiones del gobierno de Estados Unidos influyan en esta opinión.
Sin embargo, se ve de manera positiva que la presidenta haya pedido al gobierno de Estados Unidos que presente pruebas para su petición de extradición y posterior procesamiento. El consenso o la mayoría que genera esta opinión (80%) es amplia. Nuevamente, es probable que esta opinión se deba al razonamiento o defensa que ha hecho la presidenta, mientras el gobierno de Estados Unidos no cuenta con la misma vocería.
El evento que no tiene tan altos niveles de atención, como se esperaría –solo la mitad de la población sabe de las acusaciones de Estados Unidos– parece haber despertado algún sentimiento nacionalista. Cuando se pregunta por las intenciones de Estados Unidos, el saldo no es muy positivo. Más de la mitad de la población cree que quiere “mostrar que las autoridades en México están coludidas con el crimen organizado” (29%) o quiere “afectar políticamente al gobierno de México” (26%). Solo una minoría considera que quieren “ayudar al gobierno de México en la lucha contra el narcotráfico” (18%) o “mostrar que el gobierno de México no ha hecho lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico” (20%). A diferencia de otros temas, no se observan con mucha simpatía las presiones del gobierno de Estados Unidos, o por lo menos no se ven legítimas sus intenciones, a diferencia de otros temas u otros eventos.
La opinión pública suele ser cambiante (por no decir voluble), sobre todo en temas que conoce poco o tiene poca información. Este caso podría entrar en esa categoría. Es un tema complejo y que todavía tiene mucha historia por delante. Es decir, estas opiniones podrían cambiar radicalmente, sobre todo si se le procesa al gobernador. Si bien ya se le considera culpable, en el momento que pudiera haber una decisión judicial, estas opiniones se podrían radicalizar e intensificar.
En todo caso, es preferible que un proceso judicial afecte a la opinión pública y no que este actor poco predecible termine determinando la posible culpabilidad de este y de cualquier otro actor. Por ello es fundamental ponderar a la opinión pública con mesura, particularmente en procesos complejos.