A finales del mes pasado (24 de mayo) el INEGI publicó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021. Es una medición robusta que se realiza cada dos años. El tamaño es de 46 mil viviendas, se realiza entre la población de 18 años y más que reside en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más. En esta ocasión se llevó a cabo entre el 1 de noviembre al 16 de diciembre del año pasado.
Si bien la mayor parte de la medición es sobre la calidad de servicios, incluye otros dos temas que son fundamentales para entender problemas asociados: la percepción de la corrupción y la confianza en distintos actores públicos. Por el tamaño de la muestra, –aunque lamentablemente sólo es urbana y es una de sus limitantes—se puede afirmar que no hay medición comparable en estos temas.
Un dato notable es que la tasa de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por cada 100,000 habitantes baja en 2021 respecto a 2019. Es muy probable que esta baja se pueda deber al encierro de la pandemia. Lo que es cierto es que con esta caída en dos años se rompe una tendencia creciente que venía desde 2013, cuando se empezó a realizar la medición.
Es importante destacar que este no es un indicador de percepción, es un indicador testimonial. Existen otros dos indicadores perceptuales: la tasa de personas por cada 100 mil habitantes que cree o ha escuchado que existe corrupción en los trámites que realiza o la misma tasa para habitantes a la que algún conocido que le refirió actos de corrupción en el trámite que realizó. Los datos son similares, pero no se refleja la tendencia a la baja con la misma claridad.
Es evidente que la mayor prevalencia de corrupción en los datos testimoniales se da en el contacto con autoridades de seguridad pública. Donde es muy notable el aumento y va a contracorriente con el índice de corrupción en general (de 59.2 a 65 de 2019 a 2021). Luego vendrían trámites en el ministerio público (de 24.8 a 24) o permisos relacionados con la propiedad (de 25 a 22.3). El cambio más notable en términos negativos es el trámite para abrir empresas. El indicador se triplica (pasa de 7.6 a 21.9). Probablemente este último indicador coincide con un ambiente de negocios poco claro o problemático generado durante esta administración.
Parametria realiza una serie constante de preguntas sobre la percepción de la corrupción por niveles de gobierno. El primer dato notable es que no parece que hay una gran diferencia en la percepción, independientemente del nivel de gobierno que se evalúe. El ciudadano parece tener la misma percepción de corrupción independientemente del nivel de gobierno del que estemos hablando. No distingue mucho la corrupción a nivel federal, estatal o municipal.
La iniciativa presidencial de “barrer la corrupción de arriba hacia abajo” supone que en la estrategia lo primero que se combatirá será la corrupción a nivel federal. Por ello se esperaría que lo primero que cambiaría en percepción es la corrupción en ese nivel de gobierno. Sin embargo, los datos de la serie de Parametria no lo reportan así. Nuevamente es pertinente aclarar que no son datos testimoniales, si no de percepción. Pero aun así es relevante esta percepción.
El otro dato relevante es que no se observan niveles de atención considerables en los casos de corrupción reportados por la prensa vinculados con el Ejecutivo. Por la respuesta del público da la impresión de que los niveles de información son muy bajos y en general no vinculan a estos casos con la gestión presidencial.
En resumen, los indicadores del INEGI sobre corrupción favorecen la iniciativa presidencial porque rompen una tendencia de crecimiento en el reporte de casos reportados de corrupción. Lo interesante es que no parece que haya una correspondencia con la percepción de corrupción por nivel de gobierno. Es decir, no se percibe menos corrupción a nivel federal. Un tema por investigar, porque INEGI si reporta un cambio a nivel general, pero no se percibe por niveles de gobierno. Tema a investigar.
