La madrugada del pasado 26 junio de este año, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue víctima de un atentado en la colonia Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México. Tras un resultado fallido, García Harfuch responsabilizó públicamente del atentado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), debido a las diversas investigaciones en curso contra las células de este grupo que operan en la ciudad. Este hecho se suma a las cifras de violencia registradas en el primer semestre del 2020 que, acorde a los datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, alcanzaron niveles récord.Según tal información, este primer periodo ya se cataloga como los seis meses más violentos del último cuarto de siglo en México. [1]
El incremento de la violencia puede tener efectos significativos en la evaluación ciudadana del tema, empero este impacto parece ser paradójico en la opinión pública mexicana. Si bien los resultados de las encuestas de Parametría son evidencia del crecimiento sostenido de la percepción de inseguridad desde finales del 2018, es también durante la presidencia de López Obrador que se han registrado los más altos niveles de aprobación ciudadana al trabajo del gobierno en el combate a este fenómeno. Sin embargo, hay que señalar que hoy se evidencia una opinión pública más dividida en el tema, donde incluso la mayoría de lo/as mexicano/as encuestado/as califican negativamente el trabajo del gobierno actual respecto al combate del narcotráfico. Asimismo, los datos muestran que, a diferencia de gobiernos previos, son más lo/as mexicano/as que señalan hoy al Presidente como la figura con mayor poder en el país.
Aunque podría pensarse que la población no se informa sobre política, en general, los datos de las encuestas son indicativos de los altos niveles de conocimiento sobre los diferentes hechos violentos que ocurren en el país. En el caso del atentado al titular de seguridad de la capital, los resultados muestran que hasta 7 de cada 10 encuestado/as afirma haber leído y/o escuchado sobre la noticia.
De hecho, la mayor incidencia de este tipo de hechos violentos muestra efectos significativos en la percepción de seguridad de la gente. En el tema, los datos evidencian que si bien la sensación de inseguridad en México es generalizada desde hace más de una década, desde noviembre del 2018 se observa un crecimiento significativo de esta percepción en todos los niveles (municipal, estatal y nacional). Acorde con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), por tercer trimestre consecutivo, se incrementó el porcentaje de personas que señala que vivir en su ciudad es muy inseguro.[2]
Sumado al contexto anterior, la comparación de los datos de octubre del 2019 respecto a junio del 2020 permite observar un mayor número de encuestado/as que afirma que la estrategia de combate al crimen organizado, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es incorrecta y debe modificarse. Sin embargo, la historia violenta que ha vivido el país en la última década muestra también tener efectos sobre la opinión pública respecto al debate en el combate a las drogas. La información de las encuestas son evidencia que, en general, en México se prefiere la presencia de algo de narcotráfico si esto garantiza que no haya tanta violencia en el país.
A pesar que la percepción de inseguridad es generalizada, la evaluación sobre el desempeño del gobierno, en el combate a este fenómeno, muestra una división significativa en la opinión pública. Si bien es bajo el gobierno de López Obrador donde la aprobación ciudadana promedio en el tema ha alcanzado su máximo nivel[3], esta ha disminuido sustancialmente en el último año. Sin embargo, el crecimiento de actos mayores de inseguridad[4], además de las acciones públicas de la lucha contra los carteles de droga[5], han incrementado la percepción negativa sobre el trabajo del gobierno actual en el combate a estos fenómenos. Los datos no solo muestran esta tendencia desfavorable de la evaluación del gobierno en estos temas, sino además son evidencia de que hoy lo/as mexicano/as reprueban el trabajo del Presidente respecto al narcotráfico, no así respecto a la delincuencia común.
Finalmente, al indagar entre lo/as mexicano/as sobre los grupos de mayor poder en el país, la opinión ciudadana favorable con el actual gobierno se ve mejor reflejada en las respuestas. Poco menos de la mitad de la población encuestada señala que, hoy en día, el Presidente de la República es la figura con mayor poder en México. En un lejano segundo lugar, las personas ubicaron a los carteles de narcotráfico como los protagonistas. Aunque los datos muestran que la división de la opinión entre estas dos figuras (Presidente vs. Carteles) ha sido consistente en los últimos gobiernos, sólo el actual presidente es quien logra resolver el dilema de forma significativa. Lo anterior se observa mejor al analizar comparativamente solo la opinión pública de estas dos figuras.
No cabe duda que la emergencia en seguridad es eminente. Sin embargo, contextos como la actual pandemia pueden duplicar los retos que se enfrentan en el combate a la inseguridad. Si bien es necesario priorizar y/o atender los temas de carácter urgente para el país, el bienestar social debería ser uno de los primeros. Atentados contra figuras públicas que velan por la seguridad ciudadana no solo contradice la propia naturaleza de su cargo, sino además pone en evidencia la vulnerabilidad de cualquier persona ante los alcances de la violencia. Aún hoy, el gobierno federal puede sacar provecho de la paradoja que se observa en seguridad para atender de forma significativa este problema, aunque el reto no es menor.