Artículo de Francisco Abundis publicado en Milenio
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El nivel de conocimiento de lo que sucede en Sinaloa es muy alto a nivel nacional, desde hace meses. Sinaloa es solo uno de los tantos lugares con una crisis de seguridad en el país, solo que ahora en lo mediático o noticioso es más evidente.
Es probable que las expectativas de la sociedad sobre el tema de seguridad al iniciar la administración eran bajas. Es evidente que para el ciudadano el Gobierno en turno no puede mucho más que el anterior. Tal vez tienen esperanza en la capacidad de la respuesta del Estado en el largo plazo, pero no del Gobierno en turno. En el pasado, la administración no importa, si fue Calderón, Peña Nieto, López Obrador, el ciudadano tenía poco optimismo.
La diferencia entre normalizar la violencia ante un Gobierno y normalizarla ante el Estado podría ser importante. Esto funciona tanto a nivel federal como a nivel local. Es probable que el poblador de una localidad pequeña crea que algo excepcional pasó en su localidad, pero no cree que eso esté pasando a nivel de su estado o en el país. Parece ser que buena parte de los mexicanos pensamos que la violencia es excepcional y va a pasar, la vamos a transitar.
Sin embargo, podríamos estar pasando a ser víctimas del tamaño de nuestro propio país, o de nuestra esperanza. Parece que lo que pasa en Sinaloa no tiene nada que ver con lo que pasó en Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Nuevo León, sólo por poner algunos ejemplos. Ya no hablemos de Guerrero o Chiapas. Parece que un problema nacional, todo mundo lo quiere ver como local. Parece que todo mundo quiere ver un problema del Estado con mayúsculas, como un problema del Gobierno federal en turno, o del estado, con minúsculas.
Una de las variables más difíciles de evaluar es el nivel de impacto o beneficio que reporta el crimen organizado para la población. Sobre todo, aquellos más carentes de recursos. Para entender bien el problema del narcotráfico en nuestro país es fundamental asumir sus niveles de apoyo social.
Es importante reconocer la derrama de recursos económicos que el narcotráfico reporta para una buena parte de la población. Si bien los niveles de inseguridad han crecido y son altos, la percepción de beneficio también.
¿Es un problema local o es un problema federal? En el fondo parece que el ciudadano sabe que el Gobierno o el Estado está al límite de su capacidad.
¿Estamos normalizando la violencia en el país? O más bien, ¿estamos dispuestos a pagar sus costos con tal de recibir algún beneficio económico?
La mayor parte de la población considera que aún, enviando a la Guardia Nacional, la violencia en la región seguiría siendo la misma. O que independientemente de los acontecimientos más recientes como la captura del Mayo Zambada, la violencia es una constante.
Probablemente, el dato más preocupante es que ante la pregunta directa de si se pudiera resolver el problema de alguna manera, la población estaría dispuesta a aceptar la intervención de una fuerza extranjera. Este, tal vez es el mayor reconocimiento de la población de los límites del Gobierno o del Estado.
Es importante destacar que en diferentes mediciones de Parametría la intervención extranjera en nuestro país es rechazada en abstracto, pero cuando se habla de un problema a resolver en concreto, la opinión se flexibiliza y los niveles de aceptación a una intervención predominan.
Nota Metodológica: Población objetivo: Personas de 18 años en adelante con credencial para votar vigente. Representatividad: Nacional. N° de encuestas: 800 entrevistas cara a cara en vivienda realizadas del 20 al 23 de febrero del 2025. Método de muestreo: aleatorio sistemático con probabilidad de selección proporcional al tamaño. Marco muestral: secciones electorales reportadas por el INE. Nivel de confianza estadística: 95%. Margen de error (+/-) 3.5 %. Diseño de cuestionario, muestra, operativo de campo y análisis: Parametria S.A. de C.V.